jueves, 18 de febrero de 2010

La policía eléctrica

Ya habíamos adelantado que las medidas tomadas para desestimular el consumo eléctrico en el país adolecían de un problema típico, ponen el énfasis en el castigo y no en resolver el problema.

Hay dos puntos flacos de este tipo de estrategias y que explicaremos en este caso.


Lo primero, el sitema define de manera absoluta "gran consumidor", sin atender a las circunstancias particulares de cada uno. En esta definición, un hogar donde viva un yupie soltero, que sólo va a su casa a dormir, y que consume 300 kwh, es un consumidor moderado. Por otro lado, un hogar de 6 personas, que consumen 600 kwh, es un gran consumidor.

En la óptica actual, los cañones se apuntan contra las 6 personas que consumen 100 kwh por cabeza y no contra la persona que consume el triple.

Las consecuencias son predecibles. Es probable que el hogar de 6 personas no logre cumplir la meta de ahorro. Simplemente son varias personas y necesitan la energía.

Lo que desde el principio luce como una gran injusticia, hace la política inaplicable. Se acata, pero no se cumple. Es una máxima que en caraquensis conocemos bien.

Otra pata coja para una política de ahorro basada en los castigos, ¿Cuánta gente sabe que en Venezuela hay leyes que impiden la suspensión de un servicio básico (agua o luz) a un hogar donde haya niños pequeños?

Creemos que la solución es aumentar la tarifa, pero no castigar por el consumo. El aumento de la tarifa obliga a cada consumidor a ser más eficiente, pero manteniendo el acceso a la energía siempre que la necesite.

El segundo punto flaco es la necesidad de crear una policía. En una nota publicada hoy en ÚN leemos "Los técnicos de la Electricidad de Caracas (EDC) comenzarán mañana a supervisar los medidores de unos 8 mil usuarios ..."

Sabemos que los técnicos de la EDC ya tienen trabajo que hacer. Sin embargo, mañana viernes deberán levantar la información de 8 mil usuarios para volver a revisarlos la semana siguiente.

La idea es medir la tendencia del consumo, para aplicar las sanciones previstas. El problema es la carga que se impone sobre el personal, que debe abandonar sus tareas usuales para revisar semanalmente el consumo de algunos usuarios. Esto debe tener consecuencias en la calidad del servicio que presta la compañía.

En resumen, la aplicación de estas políticas requiere de un esfuerzo adicional, que no estaba contemplado.

No hemos mencionado que para los suscriptores residenciales se aplicarán otros análisis a su consumo. Y no lo haremos.

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